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La probable responsabilidad de la Administración pública por haber otorgado en su día licencias que fueron revocadas por sentencias firmes
09/10/2013 | La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas viene regulada en el Real Decreto 429/93 que desarrolla la Ley 30/92 de Régimen Común de las Administraciones y del Procedimiento Administrativo Común.
La reclamación de responsabilidad patrimonial se inicia por petición a la Administración y la resolución de la Administración puede ser objeto de Recurso Contencioso - Administrativo ante los órganos de la Jurisdicción Contencioso - Administrativa.
Hoy en día viene siendo muy habitual que licencias urbanísticas otorgadas por Ayuntamiento o Comunidades Autónomas sean recurridas ante la Jurisdicción Contencioso - Administrativa por particulares que se vena perjudicados por las mismas, así como que los órganos judiciales estimes los recursos y revoquen en consecuencia las licencias dadas en su día. Estas revocaciones sin duda causan o podrían causar un perjuicio patrimonial a aquellas personas que de buena fe se vean perjudicadas por la revocación de las licencias y que hubiesen invertido todo o parte de su patrimonio en la realización de las obras amparadas por las licencias declaradas ilegales por la Administración de Justicia, o bien en la compra de buena fe de todo o parte de las obras amaparadas por las licencias que luego devinieron ilegales.
Hoy nos encontramos en la prensa con la noticia de que la promotora del Hotel Algarrobico, la mercantil Azata del Sol, S.L., pide 70 millones de euros de forma solidaria al Gobierno de España, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Carboneras como indemnización por responsabilidad patrimonial por las obras llevadas a cabo con el consentimiento y licencia de esas administraciones y que ahora tiene que derribar en virtud de lo dispuesto en una sentencia judicial firme.
La citada entidad mercantil en su recurso administrativo considera evidente que resultaron determinantes la actuación o pasividad de las administraciones que emitieron resoluciones contradictorias, bendiciendo la construcción del hotel o haciendo en su caso dejación de sus obligaciones.
La sociedad recoge como base de la reclamación la Orden Ministerial de deslende del dominio público marítimo - terrestre que en el año 2005 fijó la zona de servidumbre en 100 m, cuando en el año 1995, fecha en que se había iniciado el procedimiento de deslinde, la zona de servidumbre era de 20 m.
Según la recurrente todas las administraciones a las que les reclama contribuyeron necesariamente a la lesión patrimonial que sufrió, bien por acción directa o bien por omisión de sus obligaciones y competencias, por ello los daños sufridos en su patrimonio deben ser imputados a las administraciones , pues derivan del funcionamiento irregular de sus servicios públicos, sin que concurran fuerzas de causa mayor, dolo, ni culpa de la empresa, pues a la sazón la compra y posterior edificación se llevó a cabo cumpliendo la legalidad vigente en el año 1995.
La promotora achaca al Gobierno de España, y concretamente a la Dirección General de Costas, la excesiva e irracional dilación del expediente de deslinde, puesto que la franja de protección siguió siendo de 20 m hasta después de ocho años del inicio del expediente de deslinde marítimo terrestre.
Igualmente se reclama a la Junta de Andalucía porque promovió de forma activa el derarrollo turístico de la playa del Algarrobico y a la vez la declaración de Parque Natural a la zona de Cabo de Gata - Nijar, donde se encuentra enclavada la playa del Algarrobico; defendiendo por tanto diversos criterios en cuanto a la franja de protección de los terrenos, incurriendo por tanto en comportamiento contradictorio que incidió a su juicio en los daños sufridos por la mercantil reclamante.
La recurrente sostiene en su escrito de inicio de solicitud de responsabilidad patrimonial que tanto el Ayuntamiento de Carboneras como la Junta de Andalucía, durante la tramitación y posterior aprobación del Plan Parcial de 1988 hicieron caso omiso de un informe preceptivo y vinculante del Gobierno, el cual aconsejaba ya una zona de protección de 100 m.
El caso del Algarrobico es uno de los muchos casos que tenemos en este país, y no debemos olvidar que las peticiones de responsabilidad patrimonial que se puedan hacer a la administraciones, responsables de las licencias luego anuladas, sin duda pueden ser estimadas en su gran mayoría, lo cual ocasionará un empobrecimiento mayor de nuestras arcas públicas.