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Jubilación de los profesores de religión en los casos de falta de abono de cotizaciones por el Estado
28/03/2011 | Viene siendo un hecho frecuente en la actualidad (y así lo constata la casuística que últimamente se encuentra esta asesoría jurídica en el ámbito de Galicia), la problemática de la falta de cotización del periodo de carencia necesario para la jubilación del profesorado de religión que ejerció funciones docentes en los años 90 y que ahora pretenden acceder a la jubilación, o lo que es lo mismo y por expresarlo de manera clara, el hecho de que quien ha trabajado de forma ininterrumpida los 15 años anteriores a la jubilación se encuentre con que no le han cotizado el tiempo trabajado para el Ministerio de Educación con anterioridad al año 1.999, por lo que o bien no tienen derecho a la pensión de jubilación, o bien esta les es concedida en una cuantía inferior a la que legalmente debería corresponderle (caso de los sacerdotes que han ejercido funciones docentes en el ámbito de la asignatura de religión o a profesores con una segunda actividad). La solución a esta problemática ha sido resuelta por los Tribunales, cuya jurisprudencia más actual ha sido aplicada, tras su oportuna cita, en un reciente caso de un afiliado del sindicato ANPE en Galicia, concretamente en Lugo, que ha visto reconocida su pretensión de que se le computasen a efectos de la prestación por jubilación el tiempo trabajado para el MEC antes del 1 de enero de 1.999.

Debemos decir sin embargo que llegar a la satisfactoria interpretación jurídica antes citada no ha sido un camino fácil. La situación jurídica de los docentes de religión en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 1.991 y el 1 de enero de 1.999, estaba marcada por una regulación que no incluía a los profesores de religión en el Régimen General de la Seguridad Social. Al menos no existe ninguna referencia legal en la materia hasta el Convenio suscrito con la Conferencia Episcopal Española publicado como anexo a la Orden del Ministerio de Presidencia de 9 de septiembre de 1.993, en el que se dispuso que el Gobierno adoptaría las medidas necesarias para su inclusión en el Régimen General de Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, siempre que no estuvieran o debieran ser ya afiliados a la seguridad social en cualquiera de sus regímenes. El reconocimiento de una relación laboral del referido colectivo se produjo con la ley 50/1.998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que modificó la Disposición Adicional Segunda de la Ley Orgánica 1/1.990, de 3 de octubre, de Ordenación General del sistema Educativo, ley que junto a diversa jurisprudencia de diferentes Tribunales de Justicia, dio lugar a un nuevo Convenio entre el Estado y la Conferencia Episcopal Española, publicado por Orden de 9 de abril de 1.999, sobre régimen económico-laboral del personal docente religioso, en virtud del cual cada Administración educativa asumía el papel de empleador y venía obligada a darle de alta en el Régimen General de la Seguridad Social al inicio del curso académico 1.998-1.999, régimen que se perfiló definitivamente con Real Decreto 696/2.007, de 1 de junio.

En base a lo expuesto, la jurisprudencia más actual entiende que, dado el carácter laboral de este tipo de relaciones y la condición de empresario del Ministerio, no existe base para entender que éste no estaba en condiciones de haber cumplido con sus obligaciones de seguridad social con respecto a su trabajador, profesor de religión católica, ni, en consecuencia para exonerarle de responsabilidad por tal causa (teniendo en cuenta además, conforme al artículo 15.1 de la Ley General de la Seguridad Social, que la obligación de cotizar nace desde el momento mismo de la iniciación de la actividad correspondiente), sin perjuicio de la flexibilización de aquella atendiendo al principio de proporcionalidad en la responsabilidad empresarial. Conforme a dicho principio, en caso de descubiertos reiterados, se hace responsable a la empresa y al INSS pero en proporción a la influencia que el defecto de cotización haya tenido en la cuantía de la prestación; así el alcance de la responsabilidad se moderaría atendiendo a la parte proporcional correspondiente al período no cotizado sobre el total de la prestación, sin perjuicio de que la entidad gestora anticipe el pago de la prestación de acuerdo con el principio de automaticidad (sentencias del Tribunal Supremo de fecha 7 de julio de 2.009, 29 de octubre de 2.009 y 27 de abril de 2.010, entre otras).

En resumen, cualquier profesor de religión que se encuentre en el supuesto de haber trabajado con anterioridad al año 1.999 y del que no existan cotizaciones por el Ministerio de Educación durante el periodo referido, tiene derecho a reclamar las mismas y a que le sean cotizadas por el MEC y el INSS de forma proporcional al incumplimiento de cada uno, con anticipo de la prestación por este último, fijándose así su derecho a la pensión de jubilación como cualquier otro personal laboral de la administración con 15 años trabajados de forma ininterrumpida con anterioridad a la fecha de retiro.

Javier Felípez